¿Qué es el Pacto Fiscal? Y ¿Por qué deben revisarse los términos de repartición?

• El Pacto Fiscal es un acuerdo entre la Federación y los estados que no ha sido revisado desde hace ya 41 años
• La Consulta se realiza con el fin de que las y los jaliscienses estemos de acuerdo en que el Congreso de Jalisco revise la distribución del dinero cada seis años en busca de  un acuerdo justo, equitativo y responsable para el Estado
• Las y los Jaliscienses responderán la pregunta “¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale de Pacto fiscal?». Cómo parte del proceso previo
• La consulta se llevará a cabo en las 12 regiones del estado a lo largo de ocho jornadas, distribuidas en cuatro fines de semana consecutivos con fechas del 20 de noviembre al 12 de diciembre del presente año

 
El Pacto Fiscal es la base actual del sistema tributario mexicano, un acuerdo entre los estados firmado hace 41 años para la distribución de los recursos de la Federación, en este sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados adheridos declinan algunas de sus facultades tributarias para que la Federación cobre principalmente el impuesto del IVA.

En ese sentido los estados adheridos no pueden gravar ningún acto o actividad que se encuentre sujeto al pago de este impuesto (IVA) , o algunas otras contribuciones como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A cambio, la Federación devuelve a los estados, participaciones de la recaudación federal, para llevar a cabo la distribución de los recursos. Dentro de esta Ley de Coordinación Fiscal se contemplan fórmulas para redistribuir las participaciones tomando algunos elementos o factores de marginalidad.

Sin embargo, este acuerdo no suele ser justo, en el caso de Jalisco, por cada 10 pesos que se entregan a la federación, solo se devuelven 2 pesos.
 
Entre los principales objetivos de la coordinación Fiscal se encuentran:

• Coordinar el sistema fiscal de la Federación, con los de las entidades federativas y los de sus municipios;
• Establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales;
• Distribuir entre ellas dichas participaciones federales;
• Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales;
• Crear organismos en materia de coordinación fiscal;
• Dar las bases de su organización y funcionamiento;
• Establecer mejor distribución de recursos fiscales entre la Federación, estados y municipios;
• Fortalecer las Haciendas Públicas de los diversos niveles de gobierno para sustentar en realidades la soberanía de los estados y la autonomía municipal;
• Dar armonía al Sistema Fiscal Nacional;
• Evitar en lo posible la superposición de gravámenes de la Federación, estados y municipios; así como múltiples intervenciones de vigilancia por las diversas autoridades en la materia.

 
Lo anterior ha ocasionado que el sistema Fiscal sea el principal instrumento con que cuenta el federalismo fiscal mexicano, para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, es decir, entre la Federación, estados y municipios.

La característica principal de estos recursos que transfiere el gobierno Federal es que sólo pueden gastarse  en los destinos fijados por el ámbito central y bajo las modalidades, montos, plazos y proyectos  que decide el propio gobierno Federal, aun sin conocer las verdaderas necesidades del estado y quitando la posibilidad de modificar estos recursos según las necesidades requeridas. Es decir, los estados y municipios prácticamente se convierten en pagadores del gobierno Federal.

Es importante resaltar que, si un estado se desincorpora a este acuerdo, sigue perteneciendo a la República Mexicana, solo que tendrá que establecer aquellas contribuciones que tenía prohibidas, para obtener los ingresos que dejaría de percibir por participaciones, sin embargo, esto no es el objetivo de la Consulta Popular que ser realizará en el estado.

Lo que se pretende con la realización de la consulta, es generar un proceso de participación Informada con la población jalisciense, que permita la revisión de la situación actual del pacto fiscal con el fin de llegar a la situación deseada respecto al pacto fiscal y el federalismo, para a partir de ello, generar una propuesta integral de reforma al mismo. 
 
En ese sentido y con el fin de que esta decisión sea tomada por la población jalisciense, La Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, impulsó la discusión del tema dentro  del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, el cual está formado por ciudadanos y ciudadanas que en coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) trabajaron a lo largo de varios meses para poder presentar los pormenores de lo que será  la primera Consulta Popular sobre el Pacto Fiscal, que se realizará en el Estado.
 
Este mecanismo de participación ciudadana aprobado en el pleno del Consejo Estatal de Participación, se realizará  en  las 12 regiones del estado a lo largo de ocho jornadas, distribuidas en cuatro fines de semana consecutivos con fechas del 20 de noviembre al 12 de diciembre del presente año, 20 de noviembre al 12 de diciembre del presente año, divididos de la siguiente manera:
 
•20 y 21 de noviembre, Regiones: Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste
•27 y 28 de noviembre, Regiones SUR, Lagunas, Sierra de Amula y Valles
•04 y 05 de diciembre, Costa Sierra y Centro, Norte y Costa Sur
•11 y 12 de diciembre, región centro
 
En el caso del Área Metropolitana de Guadalajara permanecerán instaladas, 100 urnas electrónicas en función durante los cuatro fines de semana de la jornada.
 
La pregunta que se realizará a las y los participantes será:
“¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale de Pacto fiscal?».
Resaltar que la consulta no busca romper con el pacto fiscal, lo que se busca principalmente es que el legislativo revise los convenios de coordinación fiscal, cada seis años para que el estado reciba lo justo a sus aportaciones.