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Cae MC

Más que para decidir lo que ya había decidido el jerarca del Movimiento Ciudadano, se trató el lunes de una reunión de pánico, ante la caída de las preferencias por el candidato a la gubernatura, quien ahora considera que debió quedarse al menos unos días más como presidente municipal de Guadalajara.

Una tras otra se le han caído las mentiras, dado lo cual, el interino ha tenido que rendirse ante las evidencias de lo más lejano a un “buen gobierno” en Guadalajara, donde al parecer no podrá colocar las alfarandrias que suplirían a los tradicionales carruajes tirados por caballos. Punto para los calandrieros.

El gobierno de Guadalajara se rindió ante la incapacidad de su departamento jurídico, a quien el concesionario de la Plaza de los Mariachis le ganó el amparo definitivo y debió indemnizar con cifra millonaria al perjudicado con el retiro de la concesión. Punto para el concesionario.

La creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad fue un rotundo fracaso, porque cada día es más insufrible la violencia y particularmente en el barrio de Analco y San Juan de Dios, donde pese a las decenas de patrullas de fijo en varios puntos, en las propias narices de los uniformados de Alfaro asesinan de forma impune.

“Esto se debe gracias a la dedicación, esfuerzo, talento y responsabilidad de los equipos de la Síndica, Anna Bárbara Casillas, y también del equipo del Secretario General, Oscar Villalobos, y de todo el ayuntamiento que fue solidario en que defendiéramos esta causa”, dijo el alcalde interino, quien reconoció que sus abogados no pudieron ganarle el pleito legal al concesionario.

En su intervención, la Síndica Anna Bárbara Casillas, precisó que el proceso jurídico sobre la plaza terminó de manera definitiva. Perdimos “Ya no hay vuelta atrás y esta conclusión obedece a un acuerdo con el ex arrendatario en el cual, a través de una compensación económica que él había acreditado, logramos que esta plaza se recuperara”.

Otro revés para Alfaro, fue la meta cumplida de firmas de apoyo para Margarita Zavala, lo cual significa duro revés para su candidato presidencial, quien invitó a huevo a la fémina para que se retirara del PAN y dejara de hacerle sombra al panista.

Con ello el efecto Margarita le restará votos al obeso alopésico, a lo cual se agrega la posibilidad de que Manuel Espino, líder de Ruta 5, agregue sus activos a Meade o para López Obrador, luego de que no le llegaron al precio. La fecha fatal fue fijada para el 14 de abril.

Otro boquete significativo es el posible desarme de la policía municipal de Puerto Vallarta, donde por ahora el gobierno no tiene cabeza, lo cual hace recordar que el hoy ausente alcalde, impulsó que su corporación abandonara el esquema de Mando Único y recientes investigaciones balconearon a los uniformados de Vallarta, como protectores de una organización criminal.

Como se lee en Reporte Índigo, “a pesar de que la Policía municipal de Puerto Vallarta presenta altos niveles de infiltración por el crimen organizado, como lo evidenció la Procuraduría General de la República (PGR), el alcalde Arturo Dávalos Peña promovió en junio de 2017 que el municipio abandonara el esquema de Mando Único policial.

A través de una iniciativa de su autoría, presentada el 27 de junio de 2017, y aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 16 de julio, Dávalos Peña, proveniente de Movimiento Ciudadano, impulsó cancelar la participación de la Policía de Vallarta en la Fuerza Única Jalisco, lo que implicaba sacar al gobierno estatal de las labores de vigilancia del Puerto.

Dice la iniciativa de Dávalos Peña, quien ahora se encuentra con licencia para contender por la reelección en la alcaldía, que “la propuesta del suscrito tiene como fin primordial rescindir y dejar sin efectos legales el Convenio de Coordinación vigente con el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y sus anexos, que tiene por objeto la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco”.

Ayer la PGR anunció que entre los 18 detenidos considerados miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quienes estarían detrás del secuestro y homicidio de los ex agentes de la institución, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, se encuentra el subdirector Operativo de la Policía de Puerto Vallarta, Ubaldo “N”, además de uno de sus oficiales, Carlos Rogelio “N”.

Sobre estos integrantes de la policía de Vallarta, dijo Omar Hamid García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que “Ubaldo ‘N’ y Carlos Rogelio ‘N’, presuntamente brindaban protección institucional a la organización delictiva mediante revisiones de vehículos y personas que les resultaban sospechosas de llevar a cabo actividades en contra del grupo criminal, así como realizar diversas actividades para este grupo. Se presume que estos sujetos participaron en la privación ilegal de dos elementos de la AIC el 5 de febrero en Puerto Vallarta”.

El alcalde con licencia intentó justificar en parte su planteamiento de abandono al Mando Único argumentando que el municipio tenía que seguir pagando los sueldos de los oficiales que había aportado a la Fuerza Única, mediante la retención de participaciones.

“De forma directa se están afectando las participaciones federales y estatales que le corresponden, no le dan margen para disponer de dichos recursos en otras áreas que son más relevantes, como lo son la prestación de los demás servicios públicos. Además de que el monto económico retenido de forma mensual es altamente considerable, mismo que oscila en la cantidad de un millón 267 mil 107 pesos”.

En el punto segundo del acuerdo se le autorizó al alcalde y a sus funcionarios “para que en nombre y representación del municipio de Puerto Vallarta, celebren y suscriban los actos jurídicos, instrumentos legales, contratos, convenios, acuerdos de voluntades y actos administrativos que diera lugar, a efecto de que el Ayuntamiento rescinda el convenio de coordinación vigente con el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y todos sus anexos, que tiene por objeto la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco”.

En el punto tercero se les facultó incluso para que, de ser necesario, promovieran acciones judiciales para cancelar la operación del Mando Único estatal en ese puerto, sosteniendo que “se les instruye para que en caso de que no se pueda obtener respuesta favorable y accesible en pro de los intereses del municipio, acudan ante la instancia judicial correspondiente”.

Luego de que la determinación por abandonar este esquema fuera aprobada, tal y como lo quería el alcalde Dávalos Peña, funcionarios estatales (el secretario de Gobierno, Roberto López Lara y el entonces fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez) se reunieron con éste para convencerle de seguir en el esquema, lo que finalmente ocurrió, según reportó la prensa local del puerto el 24 de julio pasado.

La confiabilidad de la policía en Puerto Vallarta ya había sido puesta en entredicho tras el secuestro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 15 de agosto de 2016, por un comando que actuó con plena libertad de movimiento, en un hecho que ocurrió en un restaurante del bulevar principal de este destino turístico.

Unos días después, el 19 de agosto de 2016, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó en rueda de prensa que no había ningún policía municipal en las inmediaciones del bulevar mientras se cometía aquel “levantón”:

“En relación con Vallarta, las fuerzas federales no se pueden dar abasto en todo el país para cuidar, calles, plazas y jardines, a quien le corresponde cuidar parques, plazas, calles y jardines, son a las policías municipales”. Pero en lugar de atender su gobierno, el alcalde ahora va a contracorriente, porque el ánimo electoral ya lo tiene en contra.

Nos leemos mañana.

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