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Empresarios corruptos

No solamente debemos analizar el comportamiento de los candidatos, sino también las empresas con las cuales hacen tratos, porque la costumbre es financiar las campañas por debajo del agua y toda vez que las empresas de Jalisco no están exentas, porque la mayor parte de las administraciones tienen empresarios en los equipos gubernamentales.

La Secretaría de la Función Pública tiene expedientes abiertos en contra de empresas jaliscienses, marcadas por los moches en sus tratos con las dependencias de gobierno y por ello les aplicaron 94 sanciones como inhabilitaciones y multas, que entre 2007 y 2017, sumaron 22.4 millones de pesos.

Para vergüenza de Jalisco, son las empresas de este Estado las más castigadas por la SFP del Gobierno Federal, luego de desvelarse presuntos actos de corrupción en sus tratos con diversas secretarías e instituciones públicas.

Las empresas jaliscienses marcadas por presuntos actos de corrupción, hicieron tratos o intentaron ganar con el consabido moche los contratos, lo cual se encuentra documentado en el recurso de revisión RRA 5678-17.

Entre sus facultades, la SFP puede castigar a los proveedores del Gobierno federal que incurren en supuestas corruptelas e incumplimientos, aplicándoles inhabilitaciones temporales para nuevos contratos, o multas, o una combinación de ambas.

El período del reporte trasciende el sexenio de Felipe Calderón y comprende también parte del actual período de administración federal encabezada por Peña Nieto, en que las empresas sumaron en todo el país, 2 mil 182 sanciones, de las cuales se derivaron multas por 620.4 MDP.

Sin embargo los empresarios jaliscienses no son los peores en lo referente a corruptelas, porque el historial negativo es superado por la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentran la mayoría de las multas aplicadas por la SFP.

Las empresas de la CDMX suman 633 de estos expedientes de sanción de la SFP, de las que 625 incluyeron castigos pecuniarios por 136.9 MDP; mientras que las del Edomex acumulan 172 sanciones totales, todas salvo una son multas que sumaron 103.6 MDP.

Sin embargo los empresarios corruptos de Jalisco sí superan a los de Nuevo León, donde sumaron 65 expedientes con castigo. La totalidad de las transgresiones propiciaron la aplicación de 21.2 millones de pesos en multas, pero la SFP no dio a conocer los nombres de las empresas.

En el “top four” los empresarios más corruptos se encuentran en Ciudad de México con 136.9 millones de pesos en multas; Estado de México con 103.6; Jalisco con 22.4 y Nuevo León con 21.2 millones de devaluados pesos.

De las 94 empresas jaliscienses sancionadas por la SFP, se aplicaron no solamente multas, sino también inhabilitación, pero en cuanto a las multas, solamente cuatro de éstas superan el millón de pesos como pena pecuniaria.

La mayor fue el 4 de noviembre de 2016 contra Cecilia Guadalupe Félix Gálvez por la “entrega de bienes con condiciones distintas a las contratadas” e “incumplimiento de contrato”. Se le inhabilitó del 16 de noviembre de 2016 al 16 de noviembre de 2021 y se multó con 2.1 mdp, en el contrato 2015/IA020VSS011-N4-2015 de Diconsa.

La segunda ocurrió el 9 de marzo de 2009 contra Reactivos y Aparatos Químicos por “dolo y falsedad” en la información que dio a la autoridad. Se le inhabilitó del 26 de marzo de 2009 al 26 de junio de 2012 y se le multó con 1 mdp en un contrato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La tercera sanción fue el 18 de noviembre de 2016 contra Fresenius Medical Care de México por “falta de formalización de 19 contratos”. Fue inhabilitada del 1 de diciembre de 2016 al 1 de junio de 2019 y se le multó por 1 mdp por un contrato con el IMSS.

Esta última firma aparece también en otra sanción emitida aquel mismo 18 de noviembre, con una variación en el nombre: Fresenius Medical Care Compañía de Servicios, pero con todos los mismos datos del caso anterior en cuanto a la falta cometida, tiempo de inhabilitación, multa y contratante, el IMSS.

De las sanciones a las empresas de Jalisco, 63 fueron por 13.2 mdp y ocurrieron en el gobierno de Calderón Hinojosa, mientras que las 31 restante fueron por un monto de 9.2 mdp y corresponden a la administración de Enrique Peña Nieto.

Los señalamientos enumerados en el reporte de la SFP, son variados, como el caso de conflicto de interés, dolo por presentar documentación apócrifa, incumplimiento en los servicios contratados, información falsa y pólizas de fianza presuntamente apócrifas, entre otros.

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso mil 305 sanciones a empresas del país, de las que mil 275 incluyeron multas por 349.8 mdp. Las 877 restantes se aplicaron en el mandato de Peña Nieto, de las cuales 669 implicaron multas por 270.6 mdp.

A nivel nacional las penas económicas más importantes impuestas por la SFP fueron la del 2 de marzo de 2015 a Savi Distribuciones, de Huixquilucan, por la “Simulación de cumplimiento de requisitos y presentación de un registro sanitario falso”. Se le inhabilitó del 13 de marzo de 2015 al 24 de febrero de 2020 y se le multó por 70 mdp, en el contrato D130400 del IMSS en 2013.

La segunda mayor es del 30 de junio de 2017 a la Comercializadora Grupo Kabanda, de la Ciudad de México por “presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos exigidos en la convocatoria, simulación en la ejecución del servicio, información falsa en el procedimiento de licitación e incumplimiento de contrato”.

En el caso de esta empresa se le inhabilitará por 4 años 11 meses una vez que la sanción se publique en el Diario Oficial de la Federación, más una multa por 9.7 MDP, en el contrato SAE/0018/2014, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

La tercera fue la aplicada el 5 de julio de 2016 a Ces Package Systems por “información falsa” provista a la autoridad. Se le inhabilitó del 26 de julio al 26 de noviembre de 2016 y se le multó por 5.2 mdp en el contrato 18575095-526-13/2013 de Pemex Exploración y Producción.

Nos leemos el lunes.

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