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Las trácalas de Anaya

En miles de spots pautados por el INE y ordenados por el PAN, se escucha con un tono de cura decepcionado, la voz de Ricardo Anaya con la sentencia de que el PRI corrupto se tiene que ir.

Pero resulta que se confirma el dicho de nuestros abuelos, que el comal le dijo a la olla, tienes el culo tiznado. En la edición de Proceso del lunes, descobijan al imberbe en una más de sus raterías.

Según la publicación nacional, misma que de inmediato se hizo viral, se balconea al precandidato del PRD, PAN y MC, por la creación en Querétaro, de una fundación, la cual contiene en sus principios como objetivo social, pero fue utilizada por Anaya y cómplices, para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.

La Fundación por más Humanismo fue creada por Anaya en mayo de 2009, después de renunciar a la secretaría particular del gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y es en los hechos un “fantasma”, porque no existe registro de ninguna actividad pública y la omitió en su declaración 3de3.

De acuerdo con documentación oficial y financiera que obtuvo Proceso, en 2010 Anaya recibió en la cuenta bancaria de la fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles; con esa cantidad adquirió un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién.

De los 7.8 millones de la venta del edificio, construido en terrenos de alta plusvalía que fueron expropiados a instancias del gobierno de Garrido Patrón, Anaya le pagó el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal –12 mil más de lo que costó el terreno que inició el negocio–, pero también le transfirió 4 millones 909 mil pesos a la empresa de éste, JV Construcciones Civiles.

No sólo eso: de este dinero –6 millones 559 mil pesos–, JV Construcciones Civiles se quedó con 3 millones 209 mil pesos y en dos transferencias le depositó 3 millones 350 mil pesos a DG Diseño y Construcciones, propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, quien es, curiosamente, vocal de la Fundación por más Humanismo, que presidió Anaya.

Llama la atención que la fundación haya transferido los recursos a JV Construcciones Civiles en vez de hacerlo de manera directa a DG Diseño y Construcción, cuando el dueño de ésta, De la Guardia, no sólo es vocal de la asociación civil sino también, junto con Anaya, apoderado de la cuenta bancaria de la asociación civil que se usó para todos los movimientos financieros.

Esto es parte del extenso reportaje publicado en la revista de periodicidad semanal, pero más tardó en salir a la red el avance, que en hacerse viral y por consiguiente, abundar las reacciones; de enojo al interior de los partidos coaligados en Por México al Frente y de saña por parte de los contrincantes del corrupto panista, precandidato presidencial.

Uno de los primeros en dejarse ir a la yugular del queretano camaleón, fue el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, esposo de la esposa que pretende ser candidata presidencial por la vía independiente. Calderón cuestionó el proceso de compra de la nave industrial que vendió el líder del PAN, Ricardo Anaya, a la empresa Manhattan Master Plan Development.

A través de un mensaje en Twitter, Calderón Hinojosa cuestionó por qué alguien compraría y pagaría por una bodega de más de 50 millones de pesos sólo para quedarse con el 99 por ciento.

“Qué propósito tiene eso?”, publicó Calderón a través de la red social.

“El Universal” publicó que en sólo tres meses Manhattan Master Plan Development, empresa a la que Anaya vendió una nave industrial en 53.7 millones de pesos, nació con un capital de 10,000 pesos, un domicilio en un terreno baldío y dos socios sin perfil empresarial, quienes días más tarde cedieron todas sus acciones al actual dueño de la compañía.

En respuesta, Anaya dijo que él le vendió la nave industrial al arquitecto Juan Carlos Reyes García. Se quejó de que la información fue manipulada pues la venta del inmueble se realizó el 25 de agosto de 2016, cuando los dueños de Manhattan Master Plan Development eran Luis Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, quienes cedieron formalmente el total de sus acciones a Reyes García.

Anaya agregó que la revista Proceso fue comprada por los priístas y que son quienes ya comenzaron la guerra sucia, pero versiones de redes sociales indican que fueron los panistas quienes por cientos compraron ejemplares de la revista en los kioscos de publicaciones para que no llegara a miles de lectores. Sin embargo, directivos de Proceso afirman que harían un sobretiro.

De su parte el panista Javier Lozano, renunciado del blanquiazul y ahora vocero del aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, criticó que el precandidato del PAN, Ricardo Anaya, haya utilizado una fundación para lavar dinero y destinarlo a negocios de carácter inmobiliario.

De acuerdo con el periódico Reforma, Lozano Alarcón consideró “asquerosa, miserable y nauseabunda” la triangulación de recursos en la que presuntamente incurrió Anaya Cortés.

“Usar perversamente una fundación que tiene un objeto social noble para lavar dinero es miserable de parte de Anaya. Es asqueroso, nauseabundo, son unos auténticos ladrones”, expresó en una entrevista con ese medio.

El exmilitante panista aseveró que “esa es justamente la hipocresía que ha inundado al PAN, encubren una cauda de corrupción ilimitada, como pasó con los moches. Si Anaya fue capaz de usar una fundación para lavar dinero para un negocio, puede ser capaz de muchas cosas”.

Por ello consideró que se debe investigar el caso desde el punto de vista fiscal, para determinar si Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, cometió algún delito en esos manejos financieros.

Sobre este tema, Lozano recordó que los recursos triangulados fueron invertidos en la compra de un predio que había sido expropiado, cuando esa figura sólo debe aplicarse por causa de utilidad pública.

Por ello planteó que también se debe preguntar sobre este caso al exgobernador de Querétaro, Francisco Garrido, así como a la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN), a los que calificó como “una bola de encubridores”.

Nos leemos mañana.

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