Press "Enter" to skip to content

El Neoliberalismo ha bloqueado la política de Ingreso Básico

El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), Salomón Chertorivski, señaló que la hegemonía del pensamiento neoliberal en el país ha bloqueado completamente la posibilidad de que México emprenda una política de recuperación salarial, moderada, sensata y significativa.

Al presentar el libro Ingreso Básico, escrito por Phillipe Van Parijs y Yannick Vanderborght, traducido por Jesús Silva Herzog Márquez, en el marco de la Feria Internacional del Libro, el Titular de la Sedeco subrayó que lo más notable es que la oposición al aumento de los ingresos básicos, no ha venido de los empresarios, sino de las instituciones tecnocráticas.

El Secretario Salomón Chertorivski expuso que instaurar el ingreso básico universal y sin condiciones es una propuesta que se revisó y evaluó, muy seriamente, en la Ciudad de México, durante el ya lejano primer trimestre de 2014.

“Fue ahí que el Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, con olfato, intuición y sentido social, detectó que estábamos frente a un fenómeno que requería de la mayor atención y de una enorme intervención pública. De inmediato comprendió las implicaciones que esto tenía para el bienestar de las familias y la inclusión social, uno de los ejes rectores del gobierno de la Ciudad”, manifestó.

Salomón Chertorivski recordó que como Secretario de Desarrollo Económico convocó al gabinete económico y social para que el trabajo honesto funcione como la senda principal al bienestar y que los que menos ganan puedan, de cualquier manera, acceder a condiciones materiales suficientes para vivir con autonomía y dignidad.

Informó que más tarde, en 2017, durante el gran debate de la primera Constitución de la Ciudad de México, a propuesta del Jefe de Gobierno, volvió a aparecer el ingreso básico ciudadano como una propuesta desde la capital del país.

La oposición, acusó, no pudo ser más tumultuaria. Desde casi todos los flancos políticos se atacó y se bloqueó la propuesta siempre bajo la misma premisa mental: no hay cómo financiar ese subsidio universal, es un derecho inalcanzable, ilusorio, infinanciable.

Incluso, apuntó, desde algunos sectores de la izquierda y del partido antes hegemónico la radical oposición a la idea del ingreso mínimo garantizado no podía ocultar un interés compartido: la renta básica universal rompería clientelas, las redes de favores y de intermediación política que se establecen a partir de programas o de subsidios “focalizados”.

El Secretario Salomón Chertorivski manifestó que a ese interés, nada oculto, le seguía un argumento recurrrente: no hay derechos porque no hay dinero, el ingreso mínimo universal no tiene modo de nacer y expandirse porque nuestra fiscalidad  no lo puede sustentar.

El ingreso básico, concluyó el Secretario Salomón Chertorivski, puede llevarnos ya no sólo a una sociedad democrática, sino sobre todo a una sociedad decente.

HACIA UNA SOCIEDAD DECENTE  (INTRODUCCIÓN DEL LIBRO)

Por Salomón Chertorivski.

Instaurar el ingreso básico universal y sin condiciones es una propuesta que revisamos y evaluamos -muy seriamente- en la Ciudad de México, durante el ya lejano, primer trimestre de 2014.

Mis compañeros delgabinete económico de la propia Ciudad, veíamos con azoro los efectos aplastantes –literalmente, aplastantes- que la crisis financiera había provocado en el mercado laboral de nuestro país y en especial, de la Ciudad de México. Los datos eran inequívocos: habíamos llegado a la cantidad de empleos que teníamos en 2007, pero su enorme mayoría (60 por ciento de ellos) eran empleos nuevos pero creados en una escala salarial 2 o 3 pisos menor que los que existían hace 8 años. Para decirlo rápido: la crisis no sólo había destruido el empleo sino que a su paso, había aplastado los salarios (véase https://salarioscdmx.sedecodf.gob.mx).

Había un hecho económico crucial: de enero a octubre de 2013, en la Ciudad de México(ya gobernada por el Doctor Miguel Ángel Mancera) se habían creado más de 143 mil empleos formales, la cifra más alta en los quince años previos, equivalente al 26.2% del total de creación de empleo formal en el país en ese período[1]. Con esa cifra, el ascenso anual en el empleo rondaba el 5 por ciento, claramente por encima de la variación nacional y de lo experimentado en años anteriores. La recuperación económica era palpable en esa variable clave.

Pero al profundizar en el análisis nos encontramos también con noticias y signos preocupantes. El estudio y la difusión de información no podía detenerse simplemente en el nivel absoluto de empleo. Hacía falta también comprender y explicar cuáles eran los sectores que generaban tal magnitud de puestos de trabajo,  la calidad del empleo, su composición y el nivel de ingreso que obtenían los trabajadores. Ya a mediados de 2013, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó los resultados de la medición de pobreza en 2012, las cifras sugerían que había aumentado la población con ingreso inferior a la línea de bienestar y a la línea de la canasta alimentaria, respecto de 2010. El incremento reportado por CONEVAL para nuestraCiudad en estos rubros era de 1.5 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente. Las cifras tenían que tomarse con cautela, pero se trataba de un primer indicio de deterioro en el ingreso, pese al espectacular crecimiento en el número de empleos.

Y al examinar las características del empleo creado, emergió con claridad otro dato, otro hecho económico fundamental: la recuperación del empleo formal después de la crisis económica de 2009 vino acompañada también de su recomposición hacia abajo. Una vez más (dato clave para la propuesta del Ingreso Básico): se habían recuperado los empleos perdidos en la crisis y creado nuevos puestos de trabajo, pero predominantemente en escalas salariales inferiores. Como resultado, la pirámide laboral había sufrido una transformación esencial antes y después de la crisis, en el sentido de la precarización del trabajo y la reducción de los salarios.

La fuerte contracción de los sueldos —la grosera multiplicación del grupo de trabajadores que ganan muy poco—era el reverso de la moneda de la recuperación y crecimiento en el empleo formal. Se había creado empleo, sí, pero el nuevo empleo apenas y alcanzaba para cubrir las necesidades esenciales, y en muchos casos, ni siuquiera eso.

Por supuesto: la recomposición del trabajo hacia escalas salariales más bajas afectaba a todo el país, pero se expresaba con especial fuerza en la Ciudad de México. La población ocupada que percibe menos de tres salarios mínimos aumentó 7 puntos porcentuales a nivel nacional y 10 puntos en la Ciudad, hasta alcanzar cerca del 70% de toda la población ocupada. Solamente el porcentaje de trabajadores que recibían hasta un salario mínimo creció en el DF de 7.7% en 2008 a 11.4% en 2014. En contraste, el grupo de trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos se contrajo de 40 a 30% de la población ocupada en la capital, y de 30 a 24% en el país en su conjunto (todos, datos del INEGI).

Las implicaciones de un cambio de esta magnitud en el mercado laboral para el ingreso de la gente, el bienestar y la cohesión social eran por supuesto, mayúsculas. Estábamos, como ahora, frente a un deterioro muy considerable en la capacidad de la economía de ofrecer condiciones materiales de vida mínimamente aceptables, a trabajadores de tiempo completo en el sector formal y legal. Con estas cifras, era difícil sostener que la economía nacional y regional se había recuperado de la crisis y de su efecto destructor de empleo. Más bien, la crisis había dejado una huella indeleble y producido un nuevo tipode economía y un nuevo tipo de sociedad, caracterizada por mayor precariedad laboral y generación de empleo peor pagado.

Y si adoptábamos una perspectiva histórica más amplia, la transformación producida por la crisis representaba en realidad la profundización de una tendencia muy arraigada en las últimas tres décadas, una nueva oleada de erosión de los ingresos laborales en la ya de por sí larga trayectoria de deterioro del trabajo seguida por la economía mexicana. Es decir, sí poníamos las cifras más recientes en su contexto histórico, los efectos observados de la crisis sobre el mercado laboral resultaban aún más apremiantes.

 

Economía y Transparencia.

La disposición de dotar a la Ciudad de la mayor cantidad de información económica posible y analizarla de manera rigurosa y sistemática, nos permitió distinguir un patrón en el empleo que estaba afectando las posibilidades y condiciones de millones de personas. Es importante subrayarlo: identificamos y documentamos un problema económico de la mayor relevancia para la vida de los capitalinos, a partir de una política de transparencia, comunicación y análisis puntual de información relevante sobre la dinámica de la Ciudad de México.

En los primeros meses de 2014 acudimos con el Jefe de Gobierno para presentarle estas cifras. Compartimos con él los dos hechos económicos fundamentales que observábamos, las dos caras de la evolución del mercado laboral en la Ciudad en el período post-crisis: por un lado, los buenos datos de recuperación y creación de empleo, que reflejaban el dinamismo económico recobrado y nuestro buen desempeño respecto al resto del país. Por el otro, la recomposición del empleo y la expansión del trabajo de bajos ingresos.

Fue ahí que el Jefe de Gobierno, con olfato, intuición y sentido social, detectó que estábamos frente a un fenómeno que requería de la mayor atención y de unaenorme intervención pública. De inmediato comprendió las implicaciones que esto tenía para el bienestar de las familias y la inclusión social, uno de los ejes rectores del gobierno de la Ciudad. El escenario ameritaba una respuesta del Estado. En ese mismo momento, nos dimos a la tarea de estudiar a fondo el asunto, analizar qué estaban haciendo otras ciudades y países del mundo frente a esta problemática y a ofrecer una solución de política que permitiera atajar y revertir este proceso de precarización del trabajo.

Como Secretario de Desarrollo Económico, convoqué al gabinete económico y social en un grupo de trabajo para atender este tema. En él participaron Patricia Mercado, en ese momento Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, y Édgar Amador, Secretario de Finanzas. Al interior de la SEDECO, los trabajos habían estado encabezados desde el inicio por la Subsecretaría, a cargo de Ricardo Becerra. En ese grupo validamos y discutimos la información a nuestro alcance y revisamos otras experiencias internacionales. La crisis económica global había tenido secuelas similares en los mercados laborales y las economías de otros países y ciudades del mundo, de modo que el análisis estuvo informado tanto por nuestras circunstancias particulares como por lecciones que se desprendían de todo el globo. Así fue como comenzamos a evaluar posibles instrumentos para intervenir, buscando reforzar el ingreso y las posibilidades de la gran masa de trabajadores en escalas salariales bajas, que como veíamos, había sido engrosada aun más como secuela de la “Gran Recesión”.

La discusión se concentró en tres opciones. La disyuntiva era: seguro de desempleo universal, renta básica garantizada o recuperación del salario mínimo. La primera había sido el gran pendiente de la agenda del “Pacto por México” y nuncia fue abordada con la seriedad que merece. Es más: la reforma fiscal de 2013-2014 estaba atada, precisamente a la posibilidad de generalizar en nuestro país un seguro de desempleo, como pilar de un incipiente Estado de Bienestar.

Desafortunadamente la agenda de las grandilocuentes “reformas estructurales”, apabulló la agenda de redistribución y del reparto, la agenda de la cohesión social.

No obstante, la reforma fiscal de esos años había causado una airada respuesta de los empresarios; una crítica frontal al gobierno y los partidos acompañada de una profusa campaña mediática que amedrentó a los protagonistas de áquel pacto. Altas autoridades llegaron a decir, públicamente, que en lo que restaba del sexenio (o sea, en los siguientes cuatro años) no habría más cambios fiscales, cero impuestos adicionales, a pesar de que ya se vislumbraba claramente la caída de la producción petrolera que constituía más de la tercera parte de la recaudación total a nivel nacional. Todo ello complicaba y ponía en entredicho la viabilidad de financiar el seguro de desempleo.

En segundo lugar se analizaba la idea brillante y presente en la izquierda de todo el mundo del ingreso básico ciudadano, que tiene enorme atractivo, pues garantiza a todas las personas su manutención y dignidad , independientemente de su situación laboral. Una medida de este tipo podía resultar virtuosa en dos frentes: por un lado, beneficiaría especialmente a los más desfavorecidos, sirviendo como un instrumento de redistribución e inclusión social frente a la precarización del empleo y sus consecuencias desigualadoras. Por el otro, fortalecería la actividad económica y el consumo, al permitir a personas de bajos ingresos, desempleados, sub-empleados y todos a aquellos en los escalones salariales más bajos, participar de manera más efectiva y productiva en la economía, sin elevar directamente los costos laborales de las empresas.

¿Cuáles eran sus inconvenientes? Una vez más, la baja recaudación del Estado nacional, las enormes necesidades de la Ciudad de México que había estado maniatada por dos ideas equivocadas: desde la derecha y a nivel federal por una “disciplina fiscal” obsesiva que con su decisión de dejar de invertir, está provocando una injusticia intergeneracional inmensa. Y desde la izquierda por una supuesta idea de “austeridad” paralizante y que al final debilita al Estado y sus capacidades institucionales (como quieren ciertas derechas, por cierto).

Para convertirse en realidad y ser más que una apariencia, la renta básica requeriría una nueva y muy poderosa reforma fiscal, que se antojaba cuando menos inviable. Los cambios fiscales aprobados en 2013 habían despertado resistencias importantes que hacían difícil pensar en un nuevo ciclo de reforma, especialmente de la magnitud necesaria para asumir un compromiso como el que representa la renta básica. Puesto en términos más generales, una medida de ese tipo, si ha de ser realmente significativa, requiere de una fortaleza fiscal que, por desgracia, el Estado mexicano no tiene. La discusión sobre la manera de dotar al Estado de mayores capacidades fiscales es por supuesto absolutamente pertinente, pero en nuestro caso no era prudente condicionar la atención de un problema económico y social urgente a una gran reforma fiscal, después de haber ocurrido otra (como se dijo en 2013-2014) que había causado una auténtica oleada colérica entre los poderes de hecho.

No obstante, decidimos que apostar por una política de recuperación del salario mínimo era la mejor vía para mejorar el ingreso de los trabajadores y las familias, por varias razones. Se trataba, primero, de un instrumento ya existente, con arraigo y una larga historia como una reivindicación de los trabajadores. Todos los mexicanos podían comprender de inmediato una propuesta de este tipo y relacionarla con su propio sentido de justicia social. Por su carácter familiar y contenido simbólico, podría reunir voluntades y atraer la atención sobre la situación de los trabajadores más fácilmente, además de dar pie a una discusión pública más amplia, participativa e informada, que incluyera todos los elementos económicos pero también la innegable dimensión ética del asunto.

Además, en el contexto económico de los últimos años e incluso décadas, en buena medida caracterizado por la incertidumbre, la crisis y la precarización laboral, nos parecía fundamental reivindicar y revalorizar el trabajo honesto, formal y legal. La vertiginosa caída y después estancamiento del poder de compra del salario mínimo, durante más de tres décadas, enviaba exactamente el mensaje opuesto. En la propuesta de recuperación del salario mínimo podíamos revertir esta tendencia y comenzar a dar contenido concreto a una aspiración común: que el trabajo honesto funcione como la senda principal al bienestar y que los que menos ganan puedan, de cualquier manera, acceder a condiciones materiales suficientes para vivir con autonomía y dignidad.

 

El retorno (a México) de la Renta Básica y el fin de las clientelas.

La sola discusión en torno al salario mínimo en México ha tenido un efecto muy importante: es la primera vez, en años, que nuestro debate económico aborda el problema de la pobreza y de la desigualdad desde su fuente productora esencial: el mercado y lo mal que paga al trabajo duro y honesto.

Y algo acaso igual de importante: que no es el Estado, sino el trabajo propio, la principal vía para sacar a millones de la pobreza.

Esta debería ser el punto de partida esencial de cualquier política económica de izquierda o de una derecha racional, pero en México la hegemonía del pensamiento único (libertarista, como dicen Van Parijs y Vanderborght) o neoliberal (para entendernos), ha bloqueado completamente la posibilidad de que México emprenda una política de recuperación salarial, moderada, sensata, significativa.

Lo más notable en nuestro caso, es que la oposición al aumento del los salarios –empezando por los mínimos- no ha venido de los empresarios (de los que pagan), sino de las instituciones tecnocráticas: a la sazón, el Banco Central, cuya figura emblemática, ha impedido no sólo incremento del ingreso, no sólo la instrumentación de políticas de demanda, el fortalecimiento del consumo interno, sino incluso, del crecimiento mismo.

Más tarde, en 2017, durante el gran debate de la primera Constitución de la Ciudad de México, a propuesta del Jefe de Gobierno, volvió a aparecer el Ingreso Básico Ciudadano, como una propuesta desde la capital del país.

La oposición no pudo ser más tumultuaria: desde casi todos los flancos políticos, se atacó y se bloqueó la propuesta siempre bajo la misma premisa mental: no hay como financiar ese subsidio universal, es un derecho inalcanzable, ilusorio, in-financiable. Incluso desde algunos sectores de la izquierda y del partido antes hegemónico (PRI) la radical oposición a la idea del ingreso mínimo garantizado no podía ocultar un interés compartido: la renta básica universal rompería clientelas, las redes de favores y de intermediación política que se establece a partir de programas o de subsidios “focalizados”.

A ese interés –nada oculto- le seguía un argumento recurrrente: no hay derechos porque no hay dinero, el ingreso mínimo universal no tiene modo de nacer y expandirse porque nuestra fiscalidad (de por si precaria) no lo puede sustentar.

Pues bien, en esas estábamos cuando la editorial Grano de Sal y el libro que el lector tiene en sus manos Ingreso básico: una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata ha venido a desmentir –una por una- las objeciones a la propuesta.

El volumen de Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght es un admirable resumen conceptual, histórico, filosófico, económico, político y mundial de la idea un ingreso igual para todos, como la base material de una sociedad cohesionada y mucho menos desigual.

Aquí se defiende una propuesta que en México aún parece impracticable, ó mejor, inimaginable.En este libro –muy bien traducido- se hace una eficaz defensa de la propuesta: todo ciudadano con plenos derechos, perteneciente a un Estado, por el mero hecho de serlo, recibe un ingreso suficiente para cubrir un paquete de necesidades básicas, de forma universal e incondicionada (subsidio de subsistencia como lo llama Adam Przeworski). Universal: esto es, para todos los ciudadanos; e incondicional, independientemente de otros factores, condiciones o características de las personas. Incluso los más ricos tienen derecho a ello.

El argumento que subyace a esta propuesta es la constatación de un hecho de la realidad económica de nuestras sociedades, de nuestra economía global y de las consecuencias perdurables de la gran crisis financiera de 2008: la persistencia de un desempleo masivo o precario de carácter estructural, es decir, permanente.

Nuestras sociedades están cambiando y están incorporándose rápidamente a eso que se ha dado en llamar “nueva economía”: es decir, altamente tecnificadas y productivas, intensivas en capital fijo y que generan mucha riqueza…pero que no produce empleos y lo peor, hace competir a las naciones por establecer empleos peor pagados.

La preocupación en Europa sobre éstos hechos es tan seria y amplia, que la propuesta del ingreso universal garantizado -puesta de moda por el PSOE español- ha provocado simpatías más allá de la socialdemocracia, entre economistas mucho más ortodoxos, como el mismísimo Milton Friedman o, en su momento, por los asesores del gobierno de la derecha moderada francesa (Giscard de Estaing). El argumento subyacente para Friedman por ejemplo, es este “un subsidio universal amortiguaría los efectos perniciosos de la economía dual generada por la liberalización y la globalización, haciendo económicamente viable y socialmente soportable la existencia de un sector ampliamente desregulado y precario del mercado de trabajo”. O sea: desde el liberalismo más despeinado se reconoce que las economías desreguladas tienen la imposibilidad intrínseca de dar empleo a todos; pero no se desentiende de los seres humanos quedados al margen.

¿Es esto material y financieramente posible? En el capítulo seisVan Parijs y Vanderborghthacen un exploración cuidadosa de las diversas fuentes alternativas que pueden dar plena factibilidad al ingreso básico: desde el impuesto al ingreso, a la propiedad, a las transacciones, etcétera, y no se crea que se analizan con supuestos basados en altas tasas, punitivas, sino que discuten en escenarios siempre prudentes, cautelosos, sensatos diría yo.

Por ejemplo: ¿de veras los patrones no estarían dispuestos a pagar uno por ciento más sonre sus ganancias para que el resto de sus conciudadanos tuviera un ingreso para vivir? Y los trabajadores formales ¿no podrían contribuir también para generar una bolsa común que mantenga la seguridad económica de ellos mismos y de sus congéneres?

Es algo que la miopía de la hipótesis del “individuo racional” no alcanza a ver: el beneficio total en la economía y en la sociedad que generaría un ingreso garantizado y suficiente, lo que los autores junto con James Meade, llaman “el dividendo social”. Con esta propuesta, construyes una sólida base de consumo interno (todos tienen dinero para su manutención) y al mismo tiempo lanzas un poderoso mensaje de comunidad, de cohesión, de solidaridad entre todos. Y algo más: puedes producir la tan ansiada bancarización del conjunto puesto que el ingreso básico puede (y debería) ser suministrado a través de cuentas formales que a su vez, generan nuevos impuestos útiles para financiar el esquema.

Y ojo: de la propuesta se desprende esta otra generalización: la renta básica ciudadana, el subsidio universal es un instrumento que haría verosímil otro ideal de la economía liberalizada: los impuestos con tasa única. En este punto Van Parijs y Vanderborght se apoyan en el famoso economista galés Anthony Atkinson: “…el subsidio universal es lo que realmente preocupa a ciertos sectores porque es una idea muy radical, potencialmente muy distributiva; pero eso sí, es casi inseparable de una estructura fiscal muy homogénea, sin fugas y sin distorsiones, rigurosa, pero también muy respetuosa de no distorsionar los precios”. En nuestro lenguaje: una estructura impositiva transparente, altamente eficiente, creíble -porque le proporciona un resultado tangible a todo ciudadano- y que no estorba al mercado ni a la determinación de precios.

Capítulos antes, y en un nivel más conceptual, nuestros autoresapuntan: “se trata de disociar ingreso y trabajo, el SUG no sólo haría irrelevante el paro sino que erradicaría de un plumazo el problema principal: la pobreza”. Además, como argumenta en el vital capítulo siete, sería una innovación institucional mucho más eficaz para atacar ambos problemas –pobreza y paro- que otras propuestas alternativas que se han ensayado en Europa: la reducción de la jornada de trabajo y los sistemas de subsidios restringidos y condicionados característicos del modelo jibarizado del Estado de bienestar en nuestro tiempo.

La propuesta se piensa generalizable lo mismo para países pobres y ricos: “porque daría una inmejorable carta de presentación a las reformas fiscales imprescindibles en los países emergentes y le darían un repentino impulso a sus mercados internos”. En este sentido caminan los liberales como Ackerman y Alstott, los grandes escépticos como Jon Elster, el socialista David Harvey o los socialdemócratas Przeworski y Raventós: universalizar el ingreso, ese mínimo de ciudadanía económica para hacer que las personas puedan incorporarse a su comunidad, desarrollar sus capacidades e insertarse en el mercado.

¿Estas cosas no pueden discutirse en México porque sería“irresponsable”, como le gusta decir al Banco Central de nuestro país? Por supuesto que no. Soy de los que creen que estamos listos para ello y el libro de Van Parijs y Vanderborght viene a ser un inmejorable y muy pedagógico soporte intelectual.

Si el ingreso básico puede llevarnos ya no solo a una sociedad democrática, sino sobre todo a una sociedad decente ¿por qué no darle una oportunidad?

 

[1]La crisis económica de 2009 había destruído cerca de 130 mil empleos formales en Ciudad de México.

 

 

Be First to Comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *