Los moches

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Lanzado directamente el obús a los mochileros diputados panistas, el PRI anunció que para 2018 y basado en su mayoría legislativa, cancelará definitivamente el programa Fortelece, para que dichos fondos sean destinados a las labores de reconstrucción en las zonas dañadas por recientes fenómenos naturales.

Dolorosamente para los panistas, porque en noviembre de 2013, ya en la administración de Peña Nieto, un diario nacional balconeó a los diputados del PAN, quienes cobraban moche por la asignación de dinero público y obras en varios estados y municipios del país.

El modus operandi de los legisladores panistas, con señalamiento directo para el diputado Luis Alberto Villarreal, quien hacía reuniones con algunos alcaldes en sus oficinas y después enviaba a gente de su confianza, para informarles acerca del moche que tendrían que aflojar, para el dinero “bajara a sus municipios”.

El dinero que manejaba Villarreal y sus compinches, procedía de tres fondos negociados en el presupuesto para ese año, uno de estos para pavimentación, otro para instalaciones deportivas y uno más para cultura.

Una vez más la impunidad se hizo presente, porque pese a la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, los mochilistas siguieron con la misma práctica y cada año reactivan el dinero con la denominación Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (conocido como Fortalece).

Por eso mienten los diputados cuando dicen que no tienen presupuesto, porque el monto es de 20 millones de pesos para su distrito, y son destinados bajo la decisión de los diputados, sin tener un criterio obligatorio, solamente que sea en los tres rubros mencionados.

En la negociación de este año para el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecieron controles para el ejercicio de ese dinero y reglas de operación para el acceso a los recursos, pero según la dirigencia nacional del PRI eso se acabó, porque el Fortalece se destinaría en su totalidad a las labores de reconstrucción.

“El Partido Revolucionario Institucional plantea la desaparición de Fortalece; ni un centavo a ninguna diputada ni diputado para poder disponer de ello. El dinero no sobra, en consecuencia, la Comisión de Presupuesto tendrá la oportunidad de que en ese manejo de recursos, en esta reasignación, la prioridad la siga llevando la reconstrucción nacional”, afirmó César Camacho, coordinador de los diputados del PRI.

Todavía peor para los mochilistas del PAN, porque además el PRI busca modificar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria para que quede expresamente prohibido que los diputados puedan decidir directamente dónde ejercer recursos públicos, como en el caso de este Fondo.

Como mejoralito para la pulmonía, porque el Fortalece apenas representa un 6.8 por ciento de los recursos del Ramo 23, el cual tiene asignados ocho mil 970 millones de pesos para este año y hay otros programas todavía más oscuros.

Poco se sabe del Ramo 23, donde se incluyen los recursos para las aportaciones de premios y otras prestaciones para los burócratas federales, con etiqueta de nueve mil 558 millones de pesos solamente para el presente año.

El Ramo 23, llamado Provisiones Salariales y Económicas, es una bolsa de recursos creada y manejada por la Secretaría de Hacienda para hacer llegar dinero público a estados y municipios en programas que no dependen de una secretaría gubernamental específica.

Es en el Ramo 23 donde se encuadra el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual para este año tiene asignados seis mil 35 millones de pesos; y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, con 179 millones.

Para los burócratas se cuenta con “recursos destinados a apoyar las previsiones salariales y económicas que perciben los servidores públicos de la Federación por concepto de incremento a las percepciones, creación de plazas y otras medidas de carácter económico, laboral y contingente”, establece la Estrategia Programática del PEF 2017.

Otros programas consumen miles de millones de pesos. En “Seguridad y Logística”, dinero que se gasta en “actividades sustantivas” de seguridad nacional, se etiquetaron mil 169 millones de pesos; para el “Programa de Separación Laboral”, con el que se pagan las indemnizaciones a los burócratas que son despedidos, se destinaron 882 millones de pesos.

Ahí también se encuentran los subsidios para las tarifas eléctricas, donde se enviaron 43 mil 114 millones de pesos; y la “Provisión para la Armonización Contable”, que son subsidios por 55 millones de pesos que se dan a estados y municipios para capacitar y modernizar a sus unidades de contabilidad.

En ese mismo Ramo se etiquetaron 80 millones de pesos para la “Conservación, Operación y Mantenimiento de la Cámara de Diputados”; y para la “Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México”, al que se le asignaron mil 502 millones de pesos.

Por si fuera poco el dispendio para los gastos no prioritarios, se encuentra en el Ramo 23 una partida denominada “Gastos Asociados a Ingresos Petroleros”, donde se engloban las aportaciones a los Fondos de Estabilización por 18 mil 420 millones de pesos.

Ahí mismo se contemplan otros rubros relacionados con el desarrollo regional, donde se encuentran las más oscuras bolsas de recursos manejados con discrecionalidad de los funcionarios federales.

Para hacer la suma, se pueden mencionar los seis mil 35 millones de pesos del Fonden para 2017; ocho mil 895 millones de pesos con asignación para el rubro Provisiones Salariales y Económicas y mil 169 millones de pesos para ‘actividades sustantivas’ de seguridad nacional

Por eso es la desconfianza de la ciudadanía, quienes ya no sienten lo duro, sino lo tupido con la situación de crisis por los desastres naturales recientes, como lo demanda Leonardo Núñez, catedrático del Tecnológico de Monterrey y miembro fundador de la organización “Nosotrxs”, quien consideró que para evitar un gasto excesivo en rubros que no son necesarios, es vital que la ciudadanía aprenda cómo utilizar las herramientas públicas para obtener información y así seguir el destino de cada peso público.

Autor del libro “¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de egresos ficticio” (Aguilar, 2017), Núñez afirmó que el interés de la ciudadanía es el principal antídoto contra el mal uso del dinero público.

“El componente ciudadano ha estado relativamente ausente de la discusión del Presupuesto; no hay una preocupación ciudadana. Y no es necesariamente por apatía, sino por una falta de las herramientas necesarias para hacer un seguimiento adecuado.

“Y hay que vigilar eso porque la inercia institucional es la misma; básicamente la forma de gastar es la misma de hace 100 años y los equilibrios políticos no se han movido, así que lo que tiene que cambiar es la parte ciudadana”, comentó Núñez, en entrevista.

Nos leemos mañana.

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Acerca del Autor

Yuliana Tovar